Un apunte fiscal sobre I+D y software

22/06/2017

Un apunte fiscal sobre I+D y software

Un apunte fiscal sobre I+D y software

Carmen Pallàs

Gerente División TIC F. Iniciativas

 

A finales del año 2016 el Comisario Europeo de economía y Finanzas, Pierre Moscovici, presentó la Corporate Tax Reform Package o propuesta de armonización del impuesto sobre Sociedades a nivel europeo con el objetivo de resolver los conflictos fiscales relacionados con la tributación de las multinacionales.

Un aspecto específico de la iniciativa focaliza en el incentivo especial a la innovación que, aplicado sobre la base imponible, permitiría a las empresas que invierten en I+D+ obtener un retorno sobre su inversión.

La implantación de la misma puede reparar uno de los prejuicios que el sector TIC ha sufrido en nuestro país –en contraposición con otros sectores tecnológicos- como consecuencia de una redacción de la normativa más restrictiva respecto a la definición y al tratamiento fiscal del software (una paradoja ilustra este perjuicio: las empresas del ámbito TIC han certificado únicamente un 10% de sus proyectos como I+D –en comparación con el 23% de la media global- cuando en este mismo sector TIC un 38% de sus empresas tienen actividades innovadoras, en contraste con el 11,3% a nivel global de todos los sectores. ¿Sorprendente, no es así?).

Es justo reconocer que frente al redactado de I+D de la Ley 4/2008 –que encasillaba en el ámbito de la innovación tecnológica una gran cantidad de proyectos de software con un evidente grado de novedad objetiva-, se ha pasado a una formulación más abierta en la Ley 27/2014, que establece como I+D la “creación, combinación y configuración de software avanzado, mediante nuevos teoremas y algoritmos o sistemas operativos, lenguajes, interfaces y aplicaciones destinados a la elaboración de productos, proceso o servicios nuevos o mejorados sustancialmente”.

Sí, se trata de un pequeño avance, aunque se produzca en un marco todavía limitado para el software en el que persisten dosis elevadas de inseguridad jurídica por la ambigüedad en las definiciones y por la falta de jurisprudencia en su aplicación.

Recordemos que en España el gasto en I+D en 2015 fue de un 1,22% del PIB sobre el objetivo europeo del 3%, con un gasto empresarial de 6.920 M€ (un 14% por debajo del máximo de 2008) según el Instituto Nacional de Estadística. Ante esta circunstancia el diagnóstico es inequívoco: debe introducirse algún cambio en las políticas de innovación españolas, y si además este se articula de un modo acertado y permite resolver agravios en sectores tecnológicos estratégicos como el TIC, estaremos, pues, ante un doble acierto.

El aprovechamiento de esta oportunidad dependerá de la voluntad del Gobierno de nuestro país y de los diferentes agentes del sistema en revisar la actual normativa de incentivos fiscales a la innovación, así como los procesos de gestión, evaluación y seguimiento de tales incentivos.

La Corporate Tax Reform Package demuestra la importancia que otorga la Comisión Europea a los incentivos para I+D e innovación como motor de competitividad. ¿Va a aprovechar España su implementación efectiva con la superdeducción fiscal de I+D para virar su rumbo y apostar definitivamente por la I+D asociada al software, e igualar en oportunidades a esta industria con sus homónimos del resto de países de UE?

De ser así, se establecería un marco real de apuesta por la innovación para este sector que favorecerí competir en las mejores condiciones ante las grandes corporaciones tecnológicas multinacionales, lo que redundaría en la competitividad de la economía española. Nada menos.