Incentivos medioambientales: ahora o ¿nunca?

13/06/2016

Incentivos medioambientales: ahora o ¿nunca?

Incentivos medioambientales - Deducciones por inversiones responsables con el medioambiente

El 27 de diciembre de 2014 la nueva Ley de Impuesto sobre Sociedades (LIS) certificó la defunción de la deducción medioambiental, disponible hasta ese momento para los contribuyentes que hubieran realizado un esfuerzo inversor en activos materiales destinados a la protección ambiental. La deducción, que suponía una de las poquísimas herramientas de incentivo a la inversión ambiental que existen en nuestro país, hace ya algunos años que era objeto de debate sobre su necesidad e impacto real (la inversión ambiental ha registrado descensos año a año, según datos del INE).

Así pues, las empresas afrontan el periodo de liquidación del Impuesto sobre Sociedades (IS) de 2015 sin alternativas de incentivo fiscal en materia medioambiental… ¿o no? Durante los últimos años se ha debatido mucho en la Dirección General de Tributos (DGT) -a través de consultas vinculantes- sobre la incorporación de deducciones fiscales generadas en ejercicios anteriores al propiamente liquidado. La tendencia actual de la Administración reconoce la posibilidad de incorporar estos créditos sin necesidad de rectificar liquidaciones pasadas, siempre y cuando los contribuyentes respeten los plazos de aplicación de la deducción, a contar desde el momento en el que se generó el derecho.

En un lenguaje más práctico, dado que las empresas tienen 15 años para aplicar las deducciones medioambientales en el IS y atendiendo a las tendencias de la Administración ya expuestas, los créditos fiscales por deducciones medioambientales generados entre 2002 y 2014 podrían acreditarse en futuras liquidaciones con independencia de la extinción del incentivo para 2015 y siempre respetando los límites temporales (por ejemplo, las deducciones generadas en 2002 deberían aplicarse como muy tarde en el IS de 2017).

En este contexto de acceso a créditos generados en el pasado, es necesario considerar que para deducir algunas inversiones medioambientales (las que tienen que ver con las instalaciones industriales) uno de los requisitos para la aplicación de esta deducción es disponer de un Certificado de Convalidación que expiden, de manera general, las autoridades ambientales autonómicas. El certificado debe estar referido al año de generación del crédito, por lo que una de las primeras dudas que puede tener el contribuyente es si realmente la Administración le expedirá un documento en 2016 referido a, por ejemplo, el año 2003. La duda fue disipada en mayo de 2015 por la DGT en respuesta a uno de los organismos autonómicos encargados de expedir estos certificados, corroborando a éstos la necesidad de que sigan emitiendo dichos certificados en los siguientes 15 años, incluso con la deducción derogada.

Por consiguiente, la defunción definitiva del incentivo no es tal, y sólo afectaría a aquellas inversiones realizadas a partir del año 2015, habiendo un potencial importantísimo entre las inversiones realizadas entre los años 2002 y 2014.

No obstante, mirando al futuro más inmediato y dentro de un marco de incentivos fiscales ambientales inexistentes a partir de ahora, aún se pueden encontrar vías de financiación para determinadas actuaciones medioambientales. Por poner un ejemplo real, desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se ha puesto en funcionamiento el Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA Empresa) que bonifica a razón de 9,7 euros cada tonelada equivalente de CO2 reducida por la realización, durante el 2016, de determinadas inversiones industriales (por ejemplo, la sustitución de una caldera que use combustibles fósiles por una de alimentación renovable, inversiones en recuperación de energía, etc.; todas ellas, por cierto, deducibles fiscalmente de mantenerse el incentivo en vigor).

Para acceder a la bonificación es necesaria la previa inscripción en la ‘sección a) de huella de carbono y de compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del registro regulado por el Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo’, que a tal efecto debe acompañarse por un informe de verificación de actuaciones expedido por una entidad de certificación acreditada por ENAC. Y esta verificación es el punto clave de la reflexión. Una vez más, tal y como pasaba con las extintas deducciones por la realización de inversiones destinadas a la protección ambiental, se solicita la acreditación por parte de un tercero del cumplimiento de los requisitos por parte del solicitante (aunque en este caso, todo sea dicho, es lo más lógico del mundo por tratarse de una aportación directa de fondos por parte del Ministerio).

Sin ningún tipo de duda, la seguridad que aporta una opinión experta no vinculada -es decir, el peritaje técnico externo a la empresa- debe servir como elemento nuclear en el análisis de futuras propuestas para paliar la falta de incentivos y vías de financiación de proyectos “verdes”, ya que, análogamente a lo que sucede con el Informe Motivado vinculante emitido por la Administración para la aplicación de las deducciones por I+D, parece que la acreditación de proyectos y/o inversiones medioambientales por terceros expertos no vinculados debe ser la vía óptima para explorar nuevos incentivos fiscales, más adaptados a la fiscalidad actual, alineados con el resto de incentivos técnicos y más selectivos con las actuaciones a incentivar.

Así pues, mientras lanzamos esta reflexión a la espera de nuevas fórmulas de apoyo a la inversión medioambiental, y teniendo en cuenta que hemos “perdido” lo poco que teníamos, quizá sea el momento de que los contribuyentes hagan un análisis sobre su propio aprovechamiento del incentivo fiscal y revivan su utilización -aunque sea diferida-, casi como un acto de rebeldía ante su desaparición y como manifestación activa de la necesidad de que existan nuevas ayudas a la inversión.

Autor: Fran Barquero, Responsable de Operaciones y Relación con Clientes de F. Iniciativas.